En 1992 se realizó la reforma impositiva más completa y exitosa, porque redujo tasas y aranceles y simultáneamente elevó las recaudaciones; sin embargo desde el año 2000 se han realizado nueve reformas tributarias que no han logrado el objetivo de mejorar los ingresos fiscales y por el contrario han creado distorsiones y penalizaciones a sectores económicos.
La Estrategia Nacional de Desarrollo define con claridad “la necesidad de que las fuerzas políticas económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal” (Art. 36, Ley 1-12).
Durante muchos años hemos escuchado el estribillo de la supuesta dilapidación de recursos y la necesidad de que el próximo gobierno implante una fuerte política de austeridad y reduzca el gasto público como paso previo a una reforma impositiva. El problema no es el monto del gasto; República Dominicana tiene un gasto público inferior a la media de la región (en 2011 en AL y el Caribe el gasto promedio fue 21.2% del PIB y la RD 15.8%). Por supuesto, nadie discute que es necesaria una mayor disciplina, calidad en el gasto, y se cuenta con los instrumentos, desde el conjunto de leyes resultantes de la Reforma de la Administración Fiscal, hasta el Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública.
La calidad del gasto es una parte importante de la ecuación, pero la otra parte lo representan los ingresos fiscales, que con el actual esquema tributario son insuficientes para pretender mejorar la educación, dotar a todos los dominicanos y dominicanas de un adecuado sistema de salud, mejorar los niveles de seguridad ciudadana y además seguir invirtiendo en infraestructura para el desarrollo, como son carreteras, acueductos, presas, viviendas, etcétera.
La aritmética presupuestaria no se equivoca. En 2011 los ingresos totales (incluyendo donaciones) fueron equivalentes al 13.2% del PIB. Ese año el gasto alcanzó el 15.8% del PIB. El resultado presupuestario fue deficitario en RD$54,398 millones (2.6% del PIB). Es decir, con uno de los niveles de gasto más bajos de la región (solo Guatemala y Haití gastan menos en términos del PIB) las recaudaciones fueron insuficientes. En el presupuesto del próximo año el 4% del PIB para educación y 2.5% para el pago de intereses de la deuda consumirían la mitad de los ingresos totales del gobierno. ¿Y salud, asistencia social, seguridad, inversión pública? Es imposible pretender lograr las ambiciosas metas de la END con ingresos fiscales moviéndose en torno al 13% del PIB.
La incapacidad de aumentar las recaudaciones fiscales y la mala calidad del gasto conducen al déficit fiscal que debe ser financiado mediante el endeudamiento; pero el país ha llegado a un punto que si continua elevando la relación deuda/PIB caería en la insostenibilidad fiscal y crisis económica. Por eso es necesario ese pacto fiscal, en donde las autoridades se comprometan a manejar los recursos con sentido de prioridad y transparencia, mientras por otro lado se pacte una reforma impositiva que permita elevar la presión tributaria partiendo de eliminar leyes y distorsiones, con un sistema impositivo sencillo, equitativo, de bajas tasas, con amplia base, y que racionalice las exenciones impositivas.
El tema fiscal representa uno de los grandes retos de la próxima administración, pues con ello nos jugamos la estabilidad y el desarrollo; así, una estricta disciplina fiscal, priorización del gasto, mayor transparencia en la ejecución presupuestaria y la conclusión de un pacto fiscal, cuyo producto final garantice el cumplimiento de las metas contempladas en la END, colocaría al próximo gobierno del Lic. Danilo Medina en el camino de “hacer lo que nunca se ha hecho”.
